La rutina fronteriza se quebró. Susana (nombre ficticio para preservar su identidad) vive en el caserío Llano de Jorge, a casi seis kilómetros de San Antonio, pero trabaja en Cúcuta, Colombia. Desde que cerraron la frontera, el jueves pasado en la mañana, le cobran 1.000 bolívares por pasarla cargada en hombros–para que no se moje sus pies en el río- a través de una trocha hasta la población colombiana Sabana Potrera o La Parada. El regreso le cuesta 20.000 pesos, equivalentes a 4.000 bolívares.

Suhelis Tejero Puntes @suhelis / Efecto Cocuyo / Foto EFE

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Para quienes viven y laboran del lado venezolano, el cierre de la frontera también implica dificultades. El hermano de Susana trabaja en San Antonio del Táchira, apenas a 10 minutos de su vivienda, pero las alcabalas militares y policiales que están instaladas, debido al estado de excepción, hacen que ese trayecto se alargue una hora.

El expresidente del capítulo tachirense de Fedecámaras, José Rozo, contó que hay tres puntos de control y revisión para entrar a San Antonio, y que en el trayecto de 51 kilómetros desde San Cristóbal hay cinco más.

El sábado pasado, 22 de agosto, los empresarios de la zona se reunieron con las autoridades militares, a cargo del operativo extraordinario en la frontera tachirense, para pedirles la autorización de salvoconductos para los comerciantes, industriales y trabajadores que viven de un lado de la frontera, pero trabajan del otro. Para este lunes 24 no había respuestas oficiales.

La presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, Isabel Castillo, destacó que solo 10% de las industrias está operando, mientras que 30% de los comercios, sobre todo panaderías, supermercados y bancos, abrieron en el primer día de la semana.

“Nos dijeron que teníamos que abrir, pero hay mano de obra que viene de Colombia, dueños de comercios que viven en el Norte de Santander, y no pueden llegar”, dijo Castillo, quien agregó que todas las preocupaciones expresadas durante la reunión del sábado han sido ignoradas hasta los momentos.

Fuentes consultadas aseguraron que en los supermercados que abrieron este lunes en San Antonio se pudo observar más abastecimiento del normal, y que las colas de personas para comprar bienes básicos eran bastante largas.

Empresas en ascuas

Rozo alertó que, tras la aplicación del estado de excepción, hay dueños de empresas de la zona que no descartan cesar sus operaciones este año, ante tanta inestabilidad política que afecta a la frontera desde hace años.

Relató que la ruptura de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, en 2008, dejó como consecuencia el despido de más de 25.000 personas que terminaron en actividades informales, como la reventa de mercancías, que está favorecida por los precios subsidiados vigentes en Venezuela.

“Aquí hay un drama social que el Gobierno no toca o no quiere tocar. El Gobierno ha estado de espaldas a la frontera”, dijo Rozo.

Contó que la alianza entre bandas de delincuentes y grupos irregulares colombianos no es nueva en la frontera, y que los empresarios de la región llevan una década sometidos a las extorsiones de estas agrupaciones “bajo el cobijo de funcionarios corruptos”.

Dos millones de afectados

César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, dijo que un cierre de la frontera como el ordenado por el Gobierno de Nicolás Maduro generará una crisis de mayor magnitud.

“Dos millones de personas viven en el eje fronterizo. Hay gente que vive de un lado y trabaja del otro, o estudia. Es una zona de mucha interacción”, dijo.

Pérez Vivas señaló que esta es la primera vez en que un cierre de la frontera está acompañado de una suspensión de garantías constitucionales.

Rozo, por su parte, recordó que la última vez que se suspendieron las garantías en la región fronteriza fue en 1987, pero que no se cerró el paso de personas o mercancías entre Venezuela y Colombia. En ese año se registró la incursión de la corbeta de la armada neogranadina Caldas en aguas venezolanas, lo que generó una profunda crisis entre ambos países. Luego, en 1995, se registró un ataque guerrillero en Cararabo, estado Apure, al que el entonces presidente Rafael Caldera respondió con la “persecución en caliente”, que no era otra cosa que la posibilidad de que la Fuerza Armada venezolana persiguiera a guerrilleros que atacaran puestos venezolanos, incluso en territorio colombiano. Aunque las relaciones entraron de nuevo en una fuerte crisis diplomática, las garantías no se suspendieron en la frontera.

El estado de excepción vigente ahora en Táchira está fundamentado, según el decreto presidencial, en la amenaza “compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República, mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas” vinculadas al paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción.

“Parece que ese estado de excepción es para castigar a quien no tiene vela en ese entierro. La medida va contra los ciudadanos, no de los delincuentes”, acusó el expresidente de Fedecámaras- Táchira.