Humberto Contreras, alcalde del municipio Andrés Bello, aledaño a San Cristóbal, denunció que en esa localidad cambiaron arbitrariamente las normas para la venta de alimentos y productos de primera necesidad al exigir a los compradores el RIF sellado por los consejos comunales.
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Añadió que luego de 13 días del cierre indefinido de la frontera en el municipio Andrés Bello el abastecimiento no mejora, pues hay largas colas en los comercios porque el suministro no es suficiente para cubrir la demanda. Recordó que aun así se mantenía un orden, pero hace algunos días, Greizon Chacón, prefecto de Cordero, les cambió las reglas a los comerciantes. “Les exigió que pidan a los compradores el RIF (Registro de Información Fiscal) sellado por el consejo comunal”, dijo y señaló que en instancias nacionales no se han dado órdenes para exigir el documento con esas especificaciones.
“Es el único municipio donde por capricho del prefecto se impone esta medida”, afirmó Contreras. Refirió que de 42 consejos comunales registrados 26 funcionan y el resto está acéfalo.
Precisó que el sábado 5, la Cámara Municipal realizará un cabildo para consultar a la comunidad, que compra los productos por el número terminal de la cédula de identidad.
Natalia Chacón, alcaldesa del municipio de Lobatera, bajo estado de excepción, indicó que aunque no están en frontera han sido afectados por acciones ilícitas como el almacenamiento clandestino de gasolina. Aseguró que en esa localidad hay abastecimiento de productos que hace tiempo no se veían como champú y jabón.
El concejal de Lobatera Marcos Medina solicitó a Chacón explicar qué establecimientos vendían los productos porque los lobaterenses tienen que trasladarse a municipios cercanos para buscar y comprar alimentos y artículos de la cesta básica.
Santamaría abajo
Nadie se detiene frente a una tienda de calzados en San Antonio de Táchira. Aunque ofrecen zapatos de moda y de marca ninguno de los transeúntes entra al comercio. “El cierre de la frontera ha sido una desgracia para los comerciantes. Hemos tenido pérdidas de 100% porque casi la totalidad de nuestros clientes venía de Colombia”, dijo Pedro Flores, encargado del negocio.
La devaluación del bolívar atrae a los colombianos a los estados fronterizos venezolanos desde hace años, pues pueden comprar a bajo precio los productos. Son clientes que, además, suelen pagar con moneda extranjera (pesos de Colombia), explicaron dueños de comercios. “Ellos son, realmente, quienes mueven el comercio en esta zona porque lamentablemente los venezolanos no tenemos poder adquisitivo debido a la crisis económica”, agregó Flores.
En muchos locales de tres de los municipios en estado de excepción –Bolívar (San Antonio), Ureña e Independencia– decidieron bajar las santamarías hasta nuevo aviso. No hicieron caso a las declaraciones del gobernador de Táchira, José Vielma Mora, quien afirmó que si cerraban serían abiertos.
“Estamos trabajando con un horario especial, menos horas, porque se redujeron las ventas y, además, tenemos que tomar previsiones por el estado de excepción”, contó la propietaria de una papelería en San Antonio que pidió no decir su identidad.
En un restaurante de Ureña aseguraron que las ventas bajaron 80%. “Ahora solo vienen los guardias nacionales a comer, pero no son muchos. 90% de nuestros clientes son colombianos”, dijo el dueño del local. Las filas para comprar gasolina mermaron en Táchira. Las estaciones de gasolina se encuentran prácticamente vacías. Pero las largas colas para comprar alimentos y productos regulados continúan en las afueras de los supermercados y establecimientos comerciales, custodiados por la Guardia Nacional y cuerpos policiales de la región.
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