La Lottt establece que mientras se cumple el plazo los tercerizados tienen inamovilidad laboral. Nicolás Maduro solicitó un plan para la ejecución completa de la Ley del Trabajo en los próximos días.
YANETH FERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
Este próximo miércoles la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) cumple dos años de su publicación en Gaceta Oficial, con lo cual queda un año para que patronos públicos y privados se ajusten a la prohibición de la tercerización.
De acuerdo a la primera disposición transitoria de la normativa laboral, las empresas tenían tres años a partir de la promulgación de la Ley para evitar la contratación fraudulenta de personal e incorporar a la nómina fija a quienes se encontrasen en esa situación.
"Durante dicho lapso y hasta tanto sean incorporados efectivamente a la nómina de la entidad de trabajo contratante principal, los trabajadores objeto de tercerización gozarán de inamovilidad laboral y disfrutarán de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan al personal contratado directamente por el patrono beneficiario de sus servicios", destaca el texto.
La medida, que busca proteger a los trabajadores, supone grandes retos para los patronos, sobre todo para el Estado que capitaliza la mayor parte de los trabajadores tercerizados. Tan solo en las empresas básicas, Corpoelec y Pdvsa superan las 30 mil personas.
Fuentes oficiales reconocen que no se trata de un asunto fácil para el Estado, que está buscando la forma de reactivar la productividad de varias empresas. De hecho, en el acto del Día del Trabajador del año pasado, el Presidente Nicolás Maduro adelantó que la absorción de los tercerizados sería de forma progresiva y hasta donde pudieran las empresas del Estado, pues la idea tampoco era quebrarlas.
Lo sensato, para Froilán Barrios, del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), es que el patrono Estado dé ejemplo de cumplimiento de la Ley del Trabajo, cuando obliga a incorporar a los tercerizados.
"Ambos sectores (público y privado) utilizan la tercerización, pero donde más resalta por sus dimensiones es el Estado, que utiliza las cooperativas y las empresas de producción social para evitar los contratos colectivos y beneficios laborales", resaltó.
Barrios consideró que el reto inmediato de los inspectores del trabajo es definir los criterios de cuándo un trabajo es tercerizado y cuándo es contratado. Considera que ambos términos tienden a confundirse, aunque la naturaleza sea distinta.
Según la Lottt, se entiende por tercerización la simulación o fraude cometido por patronos con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. En tal sentido, quedó prohibida la contratación de personal para ejecutar actividades que sean de carácter permanente dentro de una empresa y que estén relacionadas de manera directa con el proceso productivo de la misma, tampoco está permitida la contratación de trabajadores a través de intermediarios para evadir obligaciones laborales, así como la creación de empresas por parte del patrono para evadir responsabilidades con los trabajadores.
En contraste, la Lottt define como contratistas aquellas personas naturales o jurídicas que mediante contrato se encargan de ejecutar obras con sus propios recursos y con trabajadores bajo su dependencia.
El pasado jueves, el presidente Nicolás Maduro solicitó al término de 15 días un plan para la ejecución completa de la Ley del Trabajo. Barrios ve prudente que se acelere la elaboración del Reglamento y no se espera a última hora para implementar los cambios, como ocurrió con la jornada laboral.
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