El superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, denunció, la noche del pasado jueves, que algunos concesionarios del país están cobrando vacunas a los clientes para asignarle los vehículos.
Priselen Martínez Haullier / Panorama
“Cuando vamos a los concesionarios nos conseguimos que le cobran vacuna a la gente para asignarle un vehículo, le cobran hasta el doble o el triple de lo que cuesta el vehículo, porque ese es el precio que está marcado en la calle”, detalló en su explosiva declaración al canal del Estado.
“La gente lo denuncia con mucha frecuencia, esto nos ha llevado a nosotros a intervenir los concesionarios. Ahorita tenemos intervenido uno en el Zulia por ejemplo, de Toyota, porque le estaban cobrando vacuna a la gente”, aseguró el funcionario, quien a la vez señaló que en el país “ha bajado la producción nacional de vehículos, una realidad que hay que reconocerla”.
“En este momento estamos firmando convenios desde la vicepresidencia de finanzas con el general Marco Torres y José David Cabello con las diferentes ensambladoras para levantar la producción y estamos tomando unas decisiones que ya se anunciarán al país que le flexibilicen a ellos la posibilidad de aumentar la producción de vehículos y colocarlos, en un convenio de precios justos en los concesionarios”, dijo.
Sobre la intervención, José Vicente Faría, defensor del Pueblo en la región confirmó que “la medida de intervención será contra Motofalca por instrucciones del superintendente para hacer una fiscalización, pero esta medida quizás se extienda a todos los consesionarios”.
José Fereira, abogado de Motofalca, empresa ubicada en el sector Primero de Mayo de Maracaibo, aseguró a PANORAMA que “la empresa no ha sido intervenida. Desde que hicieron la fiscalización el 5 de noviembre del año pasado, aplicaron una medida de ocupación temporal sin que hubiese un hecho ilícito de acaparamiento, usura (...)”.
Dijo acompañado de Jesús Márquez Mendoza, otro de los apoderados judiciales, que “los seis vehículos que fueron comisados habían llegado el 30 de octubre y estaban en el área de acondicionamiento para entregarlos. El 30 de diciembre nombraron a una Junta Administradora, según la Gaceta Oficial 40.571, que nunca se materializó y solo el 25 de enero se presentó el funcionario de la Sundee, Rodolfo Ocando (...)”.
“El 19 de enero que se pronunció la Sundee. Nos cambiaron la multa de 10 mil UT a 20 mil UT porque no se le estaba dando el acceso a los bienes y servicios a los usuarios , así como la medida de ocupación temporal por una venta supervisada durante el 2015 y ratificaron el comiso”, detalló el jurista.
Fereira también informó que desde el 2010, la empresa lleva un Registro de Cotización (lista de espera) y que a la fecha son 6.400 personas las que están anotadas.
“Toyota ensambla en el país 600 vehículos al mes para distribuirlos entre 66 concesionarias. En lo que va de año hemos recibido 26 vehículos”, detalló a la vez que dijo que el 29 de abril acudieron a la Sundee en Caracas y solicitaron el levantamiento de las medidas, así como la indemnización por los seis vehículos.
“Todo ocurrió por la denuncia que hizo una cliente. El vehículo costaba, para ese entonces, un millón 400 mil bolívares y ella ofreció un millón 400 mil bolívares más para que se lo entregaran, la empresa se lo aceptó, pero no pasó esa cantidad por ingreso, sino que le facturó el millón 400 mil restante en una cuenta de obligación, a nombre de esa persona, que es un anticipo para futuras obligaciones (...)”, explicó Fereira.
“Al no pasar ese ingreso, no genera enriquecimiento y se deposita en una cuenta corriente para que le quede de colchón y el cliente puede solicitarlo o bien porque se hace acreedor de otro vehículo, o porque tuvo un siniestro (...). Fue interrogada por Fiscalía y dijo que no le causó ningún daño y se le entregó su dinero (...)”aclaró.
“Esta empresa cumplirá el próximo 30 de junio 50 años de fundada y es auditada a diferencia de otros consesionarios”, añadió.
Por su parte, Márquez Mendoza defendió que “mucha gente acude a Motofalca porque se venden los vehículos sin tener que pagar vacuna y lo que quieren es bachaquearlos”.
“Compran un Toyota Corolla que cuesta 2 millones 300 mil bolívares que solo tiene la recarga del 14%, de la emsambladora, y salen a la calle y les dan hasta 10 millones de bolívares (...)”, añadió Fereira.
“Nos reservamos el derecho de admisión con el cliente, se le evalúa el perfil no se les vende de contado, sino que se les gestiona el crédito a través de Toyota Services sin condicionamientos(...)”, aclararon los abogados.
Por otro lado, el defensor del Pueblo del Zulia, informó a este rotativo que en su despacho ha recibido 15 denuncias en los últimos meses de personas que llevan hasta dos años y medio en espera.
Dijo que entre las quejas que “a los compradores interesados los ponen en lista de espera, le venden el vehículo a un tercero cero kilómetro para que luego lo venda al precio que le parezca”, dijo el defensor.
Otras de las quejas que recibió es que “a la hora de cancelar el vehículo tiene que depositar en otra cuenta y no en la de la empresa”.
Dijo que esta semana sostuvo una reunión los gerentes de unas empresas “quienes negaron que estuviera ocurriendo la venta con sobreprecio”.
“Vamos a emprender una lucha para que esos depredadores agarren mínimo. Es un negocio, pues reciben dólares preferenciales y lo venden al precio de dólar negro estafando al pueblo”, afirmó el defensor.
Se espera que en los próximos días comience el proceso ordenado por el superintendente nacional de la Sundee.
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