“Todos los rubros deben volver al precio de diciembre. No vamos a aceptar ningún precio especulativo y vamos a enfrentar con todas las fuerzas de la Constitución y de las leyes a cualquier empresa que se someta a medidas de guerra económica”, dijo en una reunión con representantes de 20 industrias nacionales.
El Aissami insistió en que entre el 15 de diciembre y el 3 de enero las empresas aumentaron hasta 10.000% el precio de 6.500 productos, todo con la supuesta intención de generar caos en el país e impedir que todas las personas puedan comprar los productos. “El 31 de diciembre se decretó el incremento del salario mínimo y el 3 de enero los precios amanecieron inflados. Son precios criminales”.
El vicepresidente ordenó a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos retomar las fiscalizaciones, y añadió que instalaron tres mesas de trabajo con la Gran Misión Abastecimiento Soberano, para atender los problemas que se están presentando.
Precisó que la mesa de trabajo del sector transporte será dirigida por el ministro de Transporte, Carlos Osorio; la mesa de materia prima por el vicepresidente para el Área Económica, Wilmar Castro Soteldo; y la mesa del sector plástico por el general Vladimir Padrino López.
Supermercados en ascuas. El Aissami aseguró que las irregularidades con los precios las observaron en las cadenas de supermercados y dijo que este viernes habrá otra reunión con los representantes de estos establecimientos.
La primera semana del año, fiscales de la Sundde obligaron a los propietarios de los supermercados a bajar los precios a los montos del 15 de diciembre. Muchas personas abarrotaron los locales, se llevaron todo lo que pudieron y la mayoría de los anaqueles quedaron vacíos.
Ante el temor de lo que podía pasar con su mercancía y la ausencia de respuestas oficiales, algunos supermercados optaron por frenar determinados pedidos, pero fue el viernes 12 cuando la Sundde convocó una reunión con los representantes de los supermercados fiscalizados en la que les confirmó que cesarían las fiscalizaciones y que iban a poder retomar las actualizaciones de los precios. Al encuentro asistió El Aissami.
“En la reunión se acordó revertir la medida y se levantó un acta, pero los representantes del gobierno no quisieron firmar”, dijo una fuente vinculada a los supermercados.
Otra fuente aseguró que ahora los dueños de esos establecimientos no entienden el cambio en las decisiones. “Parece que el mismo gobierno no se pone de acuerdo. Dijeron que iban a revertir la medida y algunos comerciantes pudieron abastecer un poco sus locales y actualizar algunos precios, ahora no saben qué va a pasar con ellos. Están en ascuas”.
La noticia también generó desconcierto entre los encargados de diferentes supermercados. “Ahora será más difícil reponer el inventario. Tardaremos meses en hacerlo”, indicó uno de ellos.
Insistió que las fiscalizaciones de hace dos semanas dejaron pérdidas muy grandes. “Me pregunto cómo haremos ahora para abastecernos y cómo vamos a pagarle a los proveedores si nos obligan a vender a pérdida. Ahora tendremos que pedir menos cantidades”.
El encargado de otro supermercado contó que han pedido pasta importada a los proveedores, pero estos solo contestan que tendrán que esperar a que se determine un precio del producto. “No sabremos qué hacer si se acaban las pocas cantidades que tenemos”.
Agregó que ahora los proveedores exigen el pago adelantado, cuando antes permitían que les pagaran a crédito.
El subgerente de un supermercado en Caurimare dijo que desde la semana pasada están haciendo pedidos, pero no reciben respuesta de los proveedores.
Más escasez. Carlos Larrazábal y María Carolina Uzcátegui, presidentes de Fedecámaras y Consecomercio, rechazaron la decisión del gobierno de obligar a los empresarios a rebajar los productos e insistieron en que este tipo de medidas no van a acabar con la inflación, pero sí pueden provocar más escasez.
“El gobierno sigue aplicando las mismas recetas que nos han traído a la grave situación económica que vivimos en este momento. Si siguen así lo que tendremos es menos producción y más escasez”, afirmó Larrazábal.
Aseguró que cuando el vicepresidente dice que se instalaron mesas de materia prima, plástico y transporte, están reconociendo las causas por las que suben los precios.
Recordó que los empresarios no cuentan con divisas oficiales desde agosto del año pasado, cuando se suspendió el Dicom, lo que les imposibilita importar materias primas. Además, tampoco cuentan con todos los insumos nacionales que requieren.
Uzcátegui dijo que el gobierno debe entender que el panorama económico de hoy es completamente distinto al de hace un mes. “El gobierno parece desconocer que la realidad actual es diferente a la del 15 de diciembre de 2017. En los últimos 32 días se ha devaluado más la moneda, hubo un aumento salarial y se encareció el transporte porque las condiciones son distintas”.
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