El gobierno del presidente Donald Trump emitió nuevas licencias que permiten a algunas compañías estadounidenses pagar impuestos en Venezuela pese al amplio régimen de medidas de Estados Unidos, informa una nota de Reuters.
Banca y Negocios / Reuters
Las exenciones dejan claro que los pagos hechos al gobierno por impuestos, aranceles de importación y otras transacciones “necesarias” se permitirían pese a la orden ejecutiva del 5 de agosto que prohíbe a las empresas estadounidenses tratar con el gobierno venezolano. Washington ha incrementado las sanciones como una forma de presionar la salida de Maduro, acusado de corrupción y de violación de los derechos humanos. Estados Unidos y decenas de otros países reconocen como líder al opositor Juan Guaidó, que en enero se proclamó presidente interino. Los críticos dicen que las sanciones han perjudicado a los venezolanos comunes y al sector privado del país petrolero. En concreto, el Departamento del Tesoro emitió la Licencia General 34A, que es una modificación de una licencia anterior, que permite a empresas y a personas estadounidenses hacer operaciones con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que presten servicios en sectores de servicios educativos y de salud. La orden permite hacer una serie de pagos operativos como salarios y otros compromisos remunerativos y previsionales, con restricciones. La Licencia General N° 35 autoriza pagos de impuestos, fees, tramitar permisos, licencias y certificaciones a ciertas personas naturales y jurídicas estadounidenses con entidades del gobierno de Venezuela, con el fin de facilitar sus actividades diarias. La licencia exige la presentación de reportes periódicos precisos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sobre estos pagos.
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Las exenciones dejan claro que los pagos hechos al gobierno por impuestos, aranceles de importación y otras transacciones “necesarias” se permitirían pese a la orden ejecutiva del 5 de agosto que prohíbe a las empresas estadounidenses tratar con el gobierno venezolano. Washington ha incrementado las sanciones como una forma de presionar la salida de Maduro, acusado de corrupción y de violación de los derechos humanos. Estados Unidos y decenas de otros países reconocen como líder al opositor Juan Guaidó, que en enero se proclamó presidente interino. Los críticos dicen que las sanciones han perjudicado a los venezolanos comunes y al sector privado del país petrolero. En concreto, el Departamento del Tesoro emitió la Licencia General 34A, que es una modificación de una licencia anterior, que permite a empresas y a personas estadounidenses hacer operaciones con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que presten servicios en sectores de servicios educativos y de salud. La orden permite hacer una serie de pagos operativos como salarios y otros compromisos remunerativos y previsionales, con restricciones. La Licencia General N° 35 autoriza pagos de impuestos, fees, tramitar permisos, licencias y certificaciones a ciertas personas naturales y jurídicas estadounidenses con entidades del gobierno de Venezuela, con el fin de facilitar sus actividades diarias. La licencia exige la presentación de reportes periódicos precisos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sobre estos pagos.
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