Sugieren la presentación de los escenarios de inflación a cinco años para determinar el esquema de prestaciones
Mayela Armas H.
eluniversal.com
El Gobierno asegura que para el 1 de mayo de 2012 estará lista la reforma de la Ley de Orgánica del Trabajo, que incluirá la vuelta al esquema de retroactividad de las prestaciones sociales, pero la entrada en vigencia de ese nuevo régimen dependerá de los costos fiscales.
La Comisión Presidencial que se encarga de la modificación de la ley ya ha avanzado en parte de su contenido y en papeles de trabajo se han incluido aspectos como la igualdad de salarios, los ajustes al sistema de seguridad social, entre otros puntos, sin embargo, el esquema de prestaciones sociales continúa en discusión.
Fuentes oficiales señalan que la retroactividad tendrá un impacto fiscal y ante los costos que generará, los técnicos que participan en las reuniones de la Comisión han sugerido otorgar una vacatio legis al nuevo régimen de prestaciones para que el mismo entre en vigencia a partir de enero de 2013 y no en mayo de este año.
La intención es evaluar las disponibilidades y tener así un margen de maniobra con los efectos fiscales.
Además de los costos, las fuentes apuntan que durante las discusiones se ha planteado la presentación de escenarios macroeconómicos a cinco años. Agregan que se ha pedido con urgencia la presentación de las proyecciones de inflación, dado que ello permitirá determinar cuál modelo, de los estimados para la retroactividad, resultará más conveniente para los trabajadores.
Las fuentes oficiales aseveran que el comportamiento de los precios impacta fuertemente en el nuevo sistema.
En la Comisión Presidencial se manejan varios escenarios para el régimen de prestaciones. Y entre las opciones se encuentra la de mantener el modelo actual, que establece el depósito de cinco días de sueldo promedio al mes en un fideicomiso, y cuando termine la relación laboral se aplicaría el cálculo de las prestaciones, sobre la base de 30 días por cada año de servicio y de acuerdo al último sueldo devengado.
Si el resultado supera al total depositado en el fideicomiso, se debería cancelar la diferencia al trabajador.
Voceros gubernamentales han indicado que la reforma tiene como objetivo combinar las bondades del sistema actual con el nuevo esquema y han agregado que la intención es buscar un equilibrio.
Pendiente
Cuando se anunció la modificación de la Ley Orgánica del Trabajo en noviembre del pasado año, el primer mandatario también indicó que se pagarían los pasivos laborales, que se generaron por el cambio en el cálculo de las prestaciones en 1997.
Para efectuar los pagos de esas obligaciones se tienen que cuantificar las deudas, y ese proceso, señalan fuentes oficiales, sigue sin culminarse.
El Ejecutivo Nacional contempla un plan general de pagos que abarque a la administración centralizada y descentralizada (gobernaciones y alcaldías) y para ello las instituciones tienen que entregar los datos sobre las deudas. Fuentes oficiales señalan que persisten los atrasos con la presentación de la información.
Los despachos de Educación y Salud continúan siendo los entes con más retrasos en la notificación de los pasivos laborales, y en esos dos sectores es donde se concentra la mayor parte de las deudas.
En un informe entregado por el Gobierno a la Comisión de Valores de EEUU en 2011, el Ministerio de Finanzas dijo que la cifra preliminar de pasivos rondaba Bs 24 millardos, monto que está sujeto a revisión.
