El sector comercio es clave en la generación de empleos formales.
ROBERTO DENIZ , YANETH FERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
Las consecuencias del "Dakazo" marcan la economía. A aquella fiesta del consumo impulsada por el Gobierno nacional en el marco de las elecciones municipales, le ha seguido una escena de comercios vacíos y cierre de tiendas.
En el fragor de la lucha contra la denominada "guerra económica" el Ejecutivo nacional acusaba a los empresarios de vender con sobreprecios y ordenaba "vaciar" los anaqueles. Prometían que estaba garantizada la reposición de inventarios y que las empresas continuarían con los dueños o "sin ellos", tal y como sentenció el jefe del Órgano Superior de la Economía, Hebert García Plaza, el 17 de noviembre.
Pero hoy la realidad es otra. El Gobierno nacional ha tendido puentes con muchas de las cadenas afectadas a finales de 2013 y promete, incluso, un trabajo conjunto para que continúen operando.
"Debemos tener una economía sana y romper con los vicios del rentismo petrolero. Debemos ir a una economía productiva", dijo el presidente de la República el pasado jueves en el marco de la firma de un convenio de cooperación entre el Gobierno y firmas como Graffiti, Traki, El Tijerazo, Macuto, Beco, EPK, Zara, Arcadio, Tennis Shop, Timberland y Planeta Sport.
En conjunto las 11 empresas aglutinan 220 tiendas y 28.580 puestos de trabajo en todo el país. Precisamente, el empleo parece ser uno de los puntos que más preocupa a las autoridades ante la complicada realidad de las empresas.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que los sectores servicios y comercio concentran la mayor mano de obra.
Según el INE, la población económicamente activa en el cuarto trimestre de 2013 la conformaban 13.964.335 personas. La categoría de comercio, restaurantes y hoteles agrupaba a 24,4% de ese universo. En términos absolutos se traduce en 3.409.840 personas. De ellas, 3.185.970 personas estaban empleadas tanto en el sector público como privado, mientras que 223.870 estaban desocupadas.
La semana pasada el viceministro del Trabajo, Menry Fernández, manifestó que "nos estamos concentrando en estabilizar y desarrollar el proceso social nacional del trabajo". Explicó que adelantan reuniones con sectores empresariales que han expresado estar en una situación crítica por la falta de materia prima y por la imposibilidad de importar. Indicó que las soluciones saldrán de un diagnóstico previo. "Si el Estado da recursos para que allí haya una inversión productiva no se justifica que la producción no levante".
Medidas drásticas
Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, considera que para revertir los efectos del "Dakazo" se requieren "medidas drásticas". De los contrario, la reunión y los convenios con las empresas forman parte de un juego político.
"Si me invitas a firmar un pacto para vender un blue jean que no tengo a un precio irrisorio, es el mundo de la fantasía", opinó Maldonado.
Consideró que la invitación que ha realizado el Ejecutivo nacional "condiciona" a las empresas y las coloca en una "situación muy difícil".
Destacó que el problema de fondo para las empresas es cumplir con los controles de precios en medio de un régimen cambiario discrecional y que opera con varios tipos de cambio.
"Si se quiere corregir el inmenso error que se cometió en noviembre y diciembre se requieren dos cosas: derogar la Ley Orgánica de Precios Justos, y la segunda gran señal para saber si supone un reconocimiento del error es derogar de inmediato el reglamento de congelación temporal de los alquileres en los centros comerciales", aseveró el directivo.
La regulación de las tarifas de arrendamiento a los locales en los centros comerciales fue otra de las medidas que tomó el Ejecutivo nacional en el marco de las elecciones municipales y cuyos efectos se están sintiendo tres meses después con mucha fuerza.
La Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) anunció la semana pasada que los afiliados decidieron cerrar los lunes como medida para paliar los costos operativos de esas grandes superficies. Sin embargo, Cavececo informó posteriormente que la medida quedó diferida tras haberse reunido con el ministro de Vivienda, Ricardo Molina.
En noviembre de 2013 el Gobierno nacional estableció una tarifa única para los alquileres de los locales comerciales de 250 bolívares el metro cuadrado y, además, determinó que el pago del condominio era equivalente al 25% de ese valor.
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