Cierre de empresas, escasez, la inflación más alta de A. Latina, caída en las inversiones extranjeras, son indicadores que reflejan las acciones gubernamentales en el manejo de la economía.
Banca y Negocios
Investigación del profesor de la ULA, Alejandro Padrón.
“La crisis venezolana tiene un carácter esencialmente institucional. El Estado, institución ductora del proceso de acumulación de capitales basado en la renta petrolera, se hipertrofió y arrastró consigo al resto de las variables estructurales que constituían el modo de regulación de la economía venezolana. En consecuencia, el régimen de acumulación se agotó, y sobrevino la crisis. Hoy día, nos encontramos en una etapa de transición hacia una nueva forma de acumular desconocida y que se hace necesario determinar”, dijo el economista Alejandro Padrón, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes, al tratar el tema de la crisis económica y el control de cambio.
Refiere Padrón que ya el Estado no podrá ejercer el mismo peso que en décadas pasadas, y el capital privado se verá obligado a redefinir su papel en el proceso productivo y sus pretensiones en relación a la valorización de su capital. Para comprender todo este proceso es necesario entender lo que ha sucedido en el pasado reciente. El desencadenamiento de la crisis y la aplicación de ciertas medidas para contrarrestar sus efectos, son, entre otros, aspectos a los que se dedican estas reflexiones.
Cambios y acuerdos necesarios
Venezuela ha experimentado cambios profundos en la sociedad civil y en su sistema político, y en consecuencia, igual deben hacerlo sus agentes económicos. Esto conduce a una necesidad inaplazable: la concertación; un acuerdo político nacional. En tal sentido, se trataría de un pacto triple que toque lo económico, lo político-social y lo ético. En lo económico, debe atacarse el desequilibrio fiscal mejorando en primer lugar, la administración tributaria, lo cual implica mayores impuestos, y mejorando a su vez, la gestión del gasto público a todos los niveles. Estos dos aspectos deberán tender a un control de la demanda agregada interna, para luego llegar a un acuerdo temporal de fijación de precios. Sólo de esta manera podrá inducirse un proceso que tienda a controlar la inflación. En lo político-social, un pacto de esta naturaleza pasa por un entendimiento para aprobar un conjunto de leyes que permitirán, no sólo el cumplimiento de los objetivos fiscales en el corto plazo, sino también reordenar los problemas laborales que impedirán una tensión social permanente, condición necesaria para crear un clima que facilite la aplicación de medidas de estabilización. Todo ello redundará en beneficio de un control más efectivo de la inflación.
Finalmente, el campo de lo ético es tan importante como lo señalado hasta ahora. Si no se intenta abordar con seriedad una política que frene la corrupción, y si al mismo tiempo, no se modernizan las instituciones(en especial la Hacienda Pública), de nada valdrán acuerdos en lo económico, en lo social y en lo político en los últimos años.
Las salidas no son muchas
En un sistema capitalista como el vivido por Venezuela en las últimas décadas hay dos salidas posibles: o se vuelve al pasado, insertándose una vez más al viejo esquema de intervención exagerada, de regulaciones y controles en todos los ámbitos, y en donde nuestra “autonomía económica” dependía de decisiones exógenas, o en cambio, se adopta un esquema capitalista que redimensione el Estado en donde se definan claramente las políticas, o se irá inexorablemente al fracaso. No se trata de reinventar el capitalismo sino más bien de inventar dentro del capitalismo nuevas formas del régimen de competencia interno y del carácter de la economía interna y su reinserción en la economía mundial.
En Venezuela es imprescindible ubicarse dentro del contexto de la globalización y abrir la economía para que se reestimule el proceso de inversión que tiene más de 17 años en declinación.
El petróleo: ¿la tabla de salvación?
En un país con un déficit fiscal tan elevado con un proceso de inflación rampante, con un sistema político en donde los que tradicionalmente han sido los intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, (los partidos políticos), retardan su modernización; con un sector privado acostumbrado a multiplicar sus ganancias bajo el amparo del Estado; un país en donde ya la renta petrolera no es suficiente para honrar los compromisos adquiridos, de gasto público, deuda, etc.; tiene necesariamente que abrirse a la inversión externa y desarrollar su industria básica fundamental: el petróleo. Venezuela debe profundizar el lado petrolero de su economía, pero desde una perspectiva diferente a su pasado rentista. Se trata hoy de desarrollar el petróleo como una industria. Porque es el único producto que desde el punto de vista económico, le ofrece al país las mayores ventajas comparativas y competitivas que cualquier otro producto del resto de la economía. Pero el problema está en que ni el regreso de los capitales del sector privado que han huido del país; ni el producto de las exportaciones no tradicionales, que alcanzan escasamente el 20% de las exportaciones totales, ni los nuevos endeudamientos, y menos aun nuestras menguadas reservas, alcanzan para desarrollar una industria petrolera vigorosa. De aquí la necesidad imperiosa de abrirse a la inversión extranjera, con una condición necesaria: con contratos y asociaciones que garanticen un acuerdo más ventajosos para la nación que los que hasta ahora se han firmado.
El carácter de la crisis y la coyuntura actual
En relación a la coyuntura actual deben señalarse dos aspectos básicos: El carácter de la crisis; El conjunto de medidas aplicadas por el gobierno. En cuanto al primer aspecto es necesario destacar que la crisis económica venezolana tiene sus primeros síntomas hacia finales de los setenta, se hace evidente y estalla en los años ochenta, y se profundiza en la presente década. Esto pone en evidencia un primer elemento de comprensión: la crisis es un proceso, en consecuencia no tiene paternidad; no es producto de las malas o erradas políticas de los gobiernos; ni de la deuda externa, ni de la caída de la renta petrolera, etc. Estos son sólo aspectos importantes que contribuyen a agravarla o profundizarla.
Asímismo, la crisis venezolana tiene un carácter esencialmente endógeno, está determinada en lo fundamental por un modo de desarrollo interno basado en la renta petrolera que privilegió una cierta especialización de la economía que la hizo improductiva. Por tanto no es la caída de los precios del petróleo lo que produce la crisis, aunque ello influya sobre la misma.
De acuerdo a las consideraciones anteriores, la crisis venezolana tiene un carácter estructural. En consecuencia, las medidas que se tomen deben orientarse, sin desmedro de la necesidad de medidas puntuales, a decisiones más globales y articuladas. Finalmente, la crisis venezolana tiene un lado institucional importante puesto que cuando el Estado se hipertrofia y se vuelve ineficaz arrastra consigo las demás variables estructurales (tales como la dinámica monetaria interna, el régimen de competencia imperante y las formas de reproducción del asalariado, entre otras) que regulan los procesos económicos.
Las medidas del gobierno
En una “economía de guerra” se imponen restricciones inevitables muy fuertes: racionamiento, medidas de seguridad estrictas, penas severas que pueden conducir a situaciones límites. Corresponde al Estado asumir esos riesgos.
Venezuela no está en una “economía de guerra” pero si se encuentra en una economía de urgencia que también requiere de medidas drásticas y riesgosas. Lo sucedido en el pasado reciente inflación creciente, desabastecimiento, disminución de reservas, devaluación de la moneda, etc. indica que dichas medidas eran necesarias al menos temporalmente a objeto de frenar una situación de inestabilidad económica y política crecientes.
El Control de cambio: una medida riesgosa
¿Qué es lo que significa un control de cambio? Al menos en teoría, se establece un control de cambio, entre otras razones, para impedir el encarecimiento de precios, producto de una devaluación, para evitar la fuga de capitales al exterior y para ejercer una discriminación sobre cierto tipo de importaciones. Si el acuerdo de precios establecido, para impedir el progresivo encarecimiento de los mismos, no se respeta, traerá consecuencias inmediatas en los distintos agentes económicos.
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