Desde el anuncio de la reforma al sistema cambiario dada a conocer a inicios de este año, se da por sentado que el Ejecutivo nacional apunta a una simplicación cambiaria que podría conducir a la unificación de tipos de cambio y posterior liberación del dólar.
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En este sentido, se ha permitido el deslizamiento progresivo del tipo de cambio Simadi -que anticipa la cotización del anunciado sistema Dicom, de tasa flotante- acercándolo cada vez más al precio del dólar paralelo. De acuerdo con algunas previsiones, esta práctica serviría para eventualmente competir con el tipo de cambio del mercado negro y llegar a hacer innecesaria la adquisición de divisas por medios irregulares para cualquier efecto.
Pero levantar un control que lleva casi quince años de funcionamiento, bajo diversas modalidades, no es tarea fácil.
Es posible identificar los obstáculos operativos, legales, administrativos, jurídicos y hasta políticos que dificultarían lograr este objetivo.
El más evidente de estos obstáculos es la fuerte constricción en la liquidez disponible en moneda extranjera, con los niveles más bajos en las reservas internacionales resguardadas por el Banco Central de Venezuela en las últimas dos décadas.
Actualmente estos fondos se ubican en 12.062 millones de dólares, y una parte de los mismos podría estar ya comprometida en el pago de compromisos de deuda externa programados para los próximos meses.
Para aumentar el volumen de divisas liquidadas por los mecanismos oficiales y legales, sería necesario reforzar la disponibilidad de recursos bien sea mediante la utilización de activos como bonos de deuda con denominación en moneda dura o mediante la obtención de liquidez por vías alternas.
Asimismo, se requiere la publicación de un nuevo convenio cambiario entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela que sirva de marco a las operaciones que conducirían a la unificación, así como regulaciones transparentes que incluyan al sector financiero, empresas y personas naturales.
Con esta base jurídica, y el compromiso de todos los participantes en un nuevo mercado, sería necesario un arranque en firme de las actividades de compra-venta, para superar las dudas y dar muestras de la voluntad política enfocada en corregir las prolongadas distorsiones cambiarias que generan gran parte de los desequilibrios económicos del país.
Finalmente, una flexibilización concertada de las actuales penalidades, controles, regulaciones de precios y sanciones en general que inhiben el desarrollo de las actividades productivas serían el mejor complemento para la reformulación del sistema cambiario venezolano.
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