Desde el 2 de enero en Ureña, Táchira, y Paraguachón, región zuliana, el litro de gasolina se expende a mil 200 pesos en estaciones especiales exclusivas. El Gobierno justificó la medida para frenar el contrabando de carburantes a Colombia, negocio atractivo por el diferencial en precios y tasas de la moneda.
Yasmín Ojeda / laverdad.com
Virgilio Ferrer, diputado del Parlamento por la representación indígena del Zulia, soltó críticas a la decisión de venta de combustible a precio internacional, por no revertirse en beneficios a la población de la Guajira. Consideró que es una decisión “para beneficiar a los enchufados” del Gobierno que tienen el control de distribución.
Desde el 2 de enero en Ureña, Táchira, y Paraguachón, región zuliana, el litro de gasolina se expende a mil 200 pesos en estaciones especiales exclusivas. El Gobierno justificó la medida para frenar el contrabando de carburantes a Colombia, negocio atractivo por el diferencial en precios y tasas de la moneda.
Ferrer acusó que existe “contradicción” en la política, y es que mientras esté cerrada la frontera, la venta apunta es a usuarios venezolanos, a los propios habitantes de la Guajira que están hundidos en desempleo y carencias. Es “ilógica” la orden si son los pobladores -en su mayoría indígenas- quienes son los registrados el sistema de automatización de estaciones con la tarjeta de abastecimiento de gasolina.
“En qué se beneficia a la comunidad indígena de la venta de esa gasolina a precio internacional, en pesos. Si los indígenas que van a la Alta Guajira tienen que comprar hasta revendido litros de gasolina para subir a ver a sus familias, creo que el Gobierno está haciendo mal las cosas”, cuestionó el diputado de la Asamblea Nacional.
Para que haya ingreso en pesos por venta de combustible en esas bombas internacionales “es importante que abran la frontera” y los vehículos se surtan y restituir la actividad comercial para generar empleo. Recalcó que necesario evaluar cómo están las comunidades que ven como única opción el negocio del contrabando.
Reclamó que las decisiones del Ejecutivo no atienden a resolver los problemas de las familias Wayuu, porque aumenta el desempleo, desnutrición, deserción escolar y desaparición de fuentes económicas para sustituir lo ilícito.
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