Con la intervención ejecutada por el Banco Central de Curazao desde el 5 de septiembre, miles de inversionistas, la mayoría de Venezuela, quedaron con sus dineros atrapados en manos del Banco Central de la isla vecina. Las medidas tienen su origen en las regulaciones de EEUU por la vigilancia al lavado de dinero y la exigencia de datos sobre procedencia de los fondos, sobre los cuales han puesto mayor atención a los capitales venezolanos. Entre esos ahorristas se cuentan Alejandro Andrade y la empresa Odebrecht. Esta es la historia detrás de la intervención del BDO NV.
El Interés / Francisco Olivares @folivares10
Las razones que llevaron a las autoridades del Banco del Orinoco NV (BDO), ubicado en Curazao, a declarar el cese de actividades y la posterior declaración de “bancarrota” de la entidad, tras la intervención por parte del Banco Central de Curazao y San Martin, tiene que ver con la inconsistencia de datos de un gran número de clientes, especialmente venezolanos, para respaldar el origen de los fondos y cumplir las regulaciones impuestas por Estados Unidos, y aplicadas con rigurosidad en el Caribe, contra el lavado de dinero. Estas regulaciones hoy ponen especial celo en las instituciones bancarias que tienen que ver con Venezuela. En los últimos años el sistema financiero mundial ha perfeccionado sus mecanismos de prevención para la legitimación de capitales, contra el financiamiento al terrorismo y lavado de dinero. Estas rigurosas prácticas prudenciales han puesto a todos los bancos en alerta a la hora de transferir y requerir información sobre la procedencia de fondos, sobre todo de proveedores de servicios de corresponsalía bancaria en dólares de EE.UU, Euros y otras monedas más usadas en el sistema financiero mundial. El último Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de los Estados Unidos (INCSR), volumen 2 dedicado al blanqueo de dinero, expresamente incluye a San Martin, Curazao y Aruba en una lista de países del Caribe y América Central como “Jurisdicciones Principales de Blanqueo de Dinero” para el año 2018. Es por esa razón que los corresponsales bancarios internacionales evitan prestar servicios en jurisdicciones que puedan exponer a sus bancos a sanciones, o que no les permitan seguir operando con bancos en Estados Unidos y Europa. En consecuencia los bancos de inversión de Curazao se han ido aislando y es muy difícil hacer transferencias internacionales desde o hacia Curazao. Los principales bancos de Holanda han cesado operaciones bancarias en la isla: ABN Amro, ING Bank, Fortis Bank, MeesPierson. Las medidas comenzaron a afectar especialmente a Puerto Rico donde, de 80 bancos existentes, 16 están en manos de venezolanos. De ellos, gran parte de la cartera de clientes no ha podido explicar el origen de los fondos, según afirma Víctor Manuel García Hidalgo, consultor financiero, director de CECA Consultores, una firma que asesora a varias entidades bancarias en Venezuela en esta área. Sostiene que los efectos de las regulaciones que se iniciaron en Puerto Rico se extendieron a Curazao, San Martín y Aruba, entre otros bancos de ultramar en la zona del Caribe. Es así que, los bancos de inversión comienzan a ser auditados y “a ser seguidos con lupa” en lo que destaca la vigilancia a los capitales venezolanos. Asegura el director de CECA que algunos de estos bancos, especialmente los que están ubicados en Puerto Rico, triangulaban sus operaciones financieras: Caracas-Puerto Rico-Islas Caimán-Nueva York, en movimientos a través de los cuales se han movilizado miles de millones de dólares que ingresan al sistema financiero de Estados Unidos. No duda de que el mayor volumen de estos capitales proviene de las contrataciones del gobierno de Venezuela en la importación de alimentos, de la petrolera estatal PDVSA y otros negocios vinculados a la gestión pública. “El chavismo ha penetrado el sistema financiero de Estados Unidos” opina el consultor. Según fuentes vinculadas al sistema financiero consultadas por El Estímulo, entre la cartera de clientes del Banco del Orinoco NV hay importantes figuras ligadas a las contrataciones con el gobierno venezolano, entre ellos altos jefes militares. También hay cuentas de la firma constructora brasileña Odebrecht. Entre los clientes figuran notorios ex funcionarios chavistas que se fueron del país, como Alejandro Andrade, quien fuera presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y del Bandes entre 2008 y 2010 y hoy purga condena en Estados Unidos por varios delitos financieros. Pero el banco también tenía una gran cantidad de clientes pequeños y honestos, muchos de ellos ahorristas con montos pequeños desde 5.000 dólares, que ven amenazado su patrimonio personal de toda la vida y que hoy apelan apelan a instancias privadas para la recuperación de sus ahorros, como es el caso de un grupo de unos 500 clientes que están representados por la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), que preside Roberto León Parilli. Esta organización ha llevado el caso ante las autoridades de Curazao. El grupo señala que están afectados desde hace tres años sin posibilidad de movilizar o recuperar sus bienes. Igualmente gran cantidad de ahorristas invirtieron en participaciones de bonos venezolanos de la deuda, cuyos intereses y capital comenzaron a dejar de pagarse como consecuencia de la situación económica del país y el default (impago de deuda pública) asumido por el régimen chavista de Nicolás Maduro desde hace ya dos años. Las regulaciones sobre estas entidades de inversión obligan a los clientes explicar en detalle el origen de sus fondos y esa exigencia es indispensable para que las entidades bancarias puedan movilizar o transferir activos de los clientes. Cuando ciertos clientes han solicitado su dinero, el banco les exigen esa información para anexarla al expediente, si no pueden explicarlo, la entidad no puede pagarles lo requerido, de acuerdo a la Ley de regulaciones ratificada y modificada desde 2015 por el gobierno de Curazao. En el caso particular del Banco Orinoco NV, según se refleja en un informe de auditorías, que solicitó la entidad financiera a cuatro firmas auditoras reconocidas internacionalmente, y al que tuvo acceso El Estímulo, mientras el Grupo Financiero del Banco Occidental de Descuento (BOD) atendía las controversias entre su banco y el Banco Central de Curazao, algunos clientes comenzaron a sentir los efectos del aislamiento internacional y las presiones que ejercen los corresponsales sobre la isla de Curazao, restringiendo la capacidad del banco de cumplir con los retiros y transferencias, debido a estas regulaciones. Es así que se inicia una controversia con acusaciones de fraude por parte de algunos clientes a través de redes sociales y medios de comunicación, sobre todo en Venezuela, donde reside la mayoría de los ahorristas e inversionistas. Así, empiezan a acusar por redes sociales, medios digitales y cadenas de Whatsapp que circulan por toda la región: “¡El Grupo BOD nos estafó! ¡El Grupo BOD no devuelve el dinero de ahorristas! ¡Millones de dólares estafados por el BOD! ¡Fraude del Grupo BOD y sus directivos en su Banco en Curazao! ¡BOD es el nuevo Ponzi del Caribe!” Son algunos de los titulares que circularon tras el cierre. Dada la situación, Víctor Vargas Irausquín, presidente del grupo BOD y principal accionista del Banco del Orinoco NV, expresó en rueda de prensa el 12 de septiembre de 2019 que, por esa incapacidad operativa de corresponsalía bancaria, fue que el Grupo Financiero BOD, el de 3 de septiembre en Asamblea General de Accionistas del Banco del Orinoco N.V, decidió la liquidación voluntaria y acordó “Restaurar las posiciones de los Clientes en la Empresa en un plazo de sesenta (60) días, en especie o en efectivo, debido de la situación actual con los bancos corresponsales”. Pero inmediatamente el Banco Central de Curazao y San Martín, se adelantó y decidió ir a un tribunal y solicitó una medida de emergencia para tomar el control del banco. Al parecer, la decisión fue rápida y en poco menos de una hora y media el tribunal declaró la “bancarrota” del banco. Según los informes del BDO, esa decisión del alto tribunal “se realizó sin previo aviso a los accionistas, sin participación de los ahorristas y sin presentación de prueba alguna por parte del Central Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS)” y se nombraron fiduciarios dos personas ligadas a la firma de abogados VanEps Kunnema, que es la misma que representa al Banco Central de Curazao en ese juicio. El Grupo BOD en un comunicado fechado 4 de octubre de 2019, días antes del juicio sumario, ya afirmaba en una denuncia que el Centrale Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS) había ilegal e ilegítimamente gastado todo el dinero efectivo que se encontraba en las cuentas del Banco del Orinoco NV y que ascendía a más de USD 55 millones, pagando facturas de firmas de abogados y asesores entre los que presuntamente se encuentra la firma VanEps Kunneman. Según el comunicado, ese dinero estaba destinado a los salarios y gastos operativos del banco. Días después, el Centrale Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS) se reunió con los trabajadores del Banco y les informó que no había dinero para salarios. Algunas informaciones desde la isla confirman que los Sindicatos y Trabajadores sostienen que sí había dinero en la cuenta especial destinada al pago de salarios al momento de la entrada del Banco Central al control del Banco Orinoco. Por tal razón el Grupo Financiero BOD, el lunes 7 de octubre, presentó una solicitud de Arbitraje Internacional argumentando que el Banco Central de Curazao está “apoderándose de manera fraudulenta e ilegal de los activos que pertenecen al Grupo Financiero BOD, sus accionistas y sus clientes, basado en el tratado de protección de inversiones entre Venezuela y el Reino de Holanda que prevé el arbitraje como un mecanismo para solución de este tipo de conflictos”. Así mismo, el equipo legal del Grupo Financiero BOD además denunció que el Centrale Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS) declaró la bancarrota de Banco del Orinoco N.V en un juicio a puerta cerrada sin notificación formal de las partes y sin tomar en cuenta los informes de las firmas independientes que incluso a solicitud del mismo organismo informaron de la existencia y propiedad de inversiones por más de USD 1.160 millones en cuentas de custodios en Singapur, Suiza y Uruguay. En su informe, el grupo financiero BOD resume la situación como “una tormenta perfecta” que consta en “la controversia con el Centrale Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS); la imposibilidad que tenía el Banco del Orinoco NV de atender a los clientes por falta de corresponsalías; y las restricciones impuestas por el sistema financiero en la jurisdicción”. A este escenario, se le sumaba la muy dañada reputación del Grupo Financiero BOD debido a muchos años de señalamientos por supuesta cercanía a grupos de poder ligados al chavismo en Venezuela. A juicio de los accionistas estos acontecimientos: “construyen el clima perfecto para tambalear profundamente la estabilidad del grupo más allá de su salud financiera”. De manera que los fondos por más de mil millones de dólares en activos, que registran las auditorías sobre el banco, se encuentran ahora bajo el control del Banco Central de Curazao y Sint Maarten, a partir del 5 de septiembre, fecha en que el Tribunal de Primera Instancia de esa jurisdicción lo declaró en bancarrota, alegando que “se vio obligado” a solicitar la adopción de una medida de emergencia “en vista de ciertas deficiencias existentes en el Banco del Orinoco NV” y “en interés de los depositantes y demás acreedores” de la entidad financiera.
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Las razones que llevaron a las autoridades del Banco del Orinoco NV (BDO), ubicado en Curazao, a declarar el cese de actividades y la posterior declaración de “bancarrota” de la entidad, tras la intervención por parte del Banco Central de Curazao y San Martin, tiene que ver con la inconsistencia de datos de un gran número de clientes, especialmente venezolanos, para respaldar el origen de los fondos y cumplir las regulaciones impuestas por Estados Unidos, y aplicadas con rigurosidad en el Caribe, contra el lavado de dinero. Estas regulaciones hoy ponen especial celo en las instituciones bancarias que tienen que ver con Venezuela. En los últimos años el sistema financiero mundial ha perfeccionado sus mecanismos de prevención para la legitimación de capitales, contra el financiamiento al terrorismo y lavado de dinero. Estas rigurosas prácticas prudenciales han puesto a todos los bancos en alerta a la hora de transferir y requerir información sobre la procedencia de fondos, sobre todo de proveedores de servicios de corresponsalía bancaria en dólares de EE.UU, Euros y otras monedas más usadas en el sistema financiero mundial. El último Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de los Estados Unidos (INCSR), volumen 2 dedicado al blanqueo de dinero, expresamente incluye a San Martin, Curazao y Aruba en una lista de países del Caribe y América Central como “Jurisdicciones Principales de Blanqueo de Dinero” para el año 2018. Es por esa razón que los corresponsales bancarios internacionales evitan prestar servicios en jurisdicciones que puedan exponer a sus bancos a sanciones, o que no les permitan seguir operando con bancos en Estados Unidos y Europa. En consecuencia los bancos de inversión de Curazao se han ido aislando y es muy difícil hacer transferencias internacionales desde o hacia Curazao. Los principales bancos de Holanda han cesado operaciones bancarias en la isla: ABN Amro, ING Bank, Fortis Bank, MeesPierson. Las medidas comenzaron a afectar especialmente a Puerto Rico donde, de 80 bancos existentes, 16 están en manos de venezolanos. De ellos, gran parte de la cartera de clientes no ha podido explicar el origen de los fondos, según afirma Víctor Manuel García Hidalgo, consultor financiero, director de CECA Consultores, una firma que asesora a varias entidades bancarias en Venezuela en esta área. Sostiene que los efectos de las regulaciones que se iniciaron en Puerto Rico se extendieron a Curazao, San Martín y Aruba, entre otros bancos de ultramar en la zona del Caribe. Es así que, los bancos de inversión comienzan a ser auditados y “a ser seguidos con lupa” en lo que destaca la vigilancia a los capitales venezolanos. Asegura el director de CECA que algunos de estos bancos, especialmente los que están ubicados en Puerto Rico, triangulaban sus operaciones financieras: Caracas-Puerto Rico-Islas Caimán-Nueva York, en movimientos a través de los cuales se han movilizado miles de millones de dólares que ingresan al sistema financiero de Estados Unidos. No duda de que el mayor volumen de estos capitales proviene de las contrataciones del gobierno de Venezuela en la importación de alimentos, de la petrolera estatal PDVSA y otros negocios vinculados a la gestión pública. “El chavismo ha penetrado el sistema financiero de Estados Unidos” opina el consultor. Según fuentes vinculadas al sistema financiero consultadas por El Estímulo, entre la cartera de clientes del Banco del Orinoco NV hay importantes figuras ligadas a las contrataciones con el gobierno venezolano, entre ellos altos jefes militares. También hay cuentas de la firma constructora brasileña Odebrecht. Entre los clientes figuran notorios ex funcionarios chavistas que se fueron del país, como Alejandro Andrade, quien fuera presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y del Bandes entre 2008 y 2010 y hoy purga condena en Estados Unidos por varios delitos financieros. Pero el banco también tenía una gran cantidad de clientes pequeños y honestos, muchos de ellos ahorristas con montos pequeños desde 5.000 dólares, que ven amenazado su patrimonio personal de toda la vida y que hoy apelan apelan a instancias privadas para la recuperación de sus ahorros, como es el caso de un grupo de unos 500 clientes que están representados por la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), que preside Roberto León Parilli. Esta organización ha llevado el caso ante las autoridades de Curazao. El grupo señala que están afectados desde hace tres años sin posibilidad de movilizar o recuperar sus bienes. Igualmente gran cantidad de ahorristas invirtieron en participaciones de bonos venezolanos de la deuda, cuyos intereses y capital comenzaron a dejar de pagarse como consecuencia de la situación económica del país y el default (impago de deuda pública) asumido por el régimen chavista de Nicolás Maduro desde hace ya dos años. Las regulaciones sobre estas entidades de inversión obligan a los clientes explicar en detalle el origen de sus fondos y esa exigencia es indispensable para que las entidades bancarias puedan movilizar o transferir activos de los clientes. Cuando ciertos clientes han solicitado su dinero, el banco les exigen esa información para anexarla al expediente, si no pueden explicarlo, la entidad no puede pagarles lo requerido, de acuerdo a la Ley de regulaciones ratificada y modificada desde 2015 por el gobierno de Curazao. En el caso particular del Banco Orinoco NV, según se refleja en un informe de auditorías, que solicitó la entidad financiera a cuatro firmas auditoras reconocidas internacionalmente, y al que tuvo acceso El Estímulo, mientras el Grupo Financiero del Banco Occidental de Descuento (BOD) atendía las controversias entre su banco y el Banco Central de Curazao, algunos clientes comenzaron a sentir los efectos del aislamiento internacional y las presiones que ejercen los corresponsales sobre la isla de Curazao, restringiendo la capacidad del banco de cumplir con los retiros y transferencias, debido a estas regulaciones. Es así que se inicia una controversia con acusaciones de fraude por parte de algunos clientes a través de redes sociales y medios de comunicación, sobre todo en Venezuela, donde reside la mayoría de los ahorristas e inversionistas. Así, empiezan a acusar por redes sociales, medios digitales y cadenas de Whatsapp que circulan por toda la región: “¡El Grupo BOD nos estafó! ¡El Grupo BOD no devuelve el dinero de ahorristas! ¡Millones de dólares estafados por el BOD! ¡Fraude del Grupo BOD y sus directivos en su Banco en Curazao! ¡BOD es el nuevo Ponzi del Caribe!” Son algunos de los titulares que circularon tras el cierre. Dada la situación, Víctor Vargas Irausquín, presidente del grupo BOD y principal accionista del Banco del Orinoco NV, expresó en rueda de prensa el 12 de septiembre de 2019 que, por esa incapacidad operativa de corresponsalía bancaria, fue que el Grupo Financiero BOD, el de 3 de septiembre en Asamblea General de Accionistas del Banco del Orinoco N.V, decidió la liquidación voluntaria y acordó “Restaurar las posiciones de los Clientes en la Empresa en un plazo de sesenta (60) días, en especie o en efectivo, debido de la situación actual con los bancos corresponsales”. Pero inmediatamente el Banco Central de Curazao y San Martín, se adelantó y decidió ir a un tribunal y solicitó una medida de emergencia para tomar el control del banco. Al parecer, la decisión fue rápida y en poco menos de una hora y media el tribunal declaró la “bancarrota” del banco. Según los informes del BDO, esa decisión del alto tribunal “se realizó sin previo aviso a los accionistas, sin participación de los ahorristas y sin presentación de prueba alguna por parte del Central Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS)” y se nombraron fiduciarios dos personas ligadas a la firma de abogados VanEps Kunnema, que es la misma que representa al Banco Central de Curazao en ese juicio. El Grupo BOD en un comunicado fechado 4 de octubre de 2019, días antes del juicio sumario, ya afirmaba en una denuncia que el Centrale Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS) había ilegal e ilegítimamente gastado todo el dinero efectivo que se encontraba en las cuentas del Banco del Orinoco NV y que ascendía a más de USD 55 millones, pagando facturas de firmas de abogados y asesores entre los que presuntamente se encuentra la firma VanEps Kunneman. Según el comunicado, ese dinero estaba destinado a los salarios y gastos operativos del banco. Días después, el Centrale Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS) se reunió con los trabajadores del Banco y les informó que no había dinero para salarios. Algunas informaciones desde la isla confirman que los Sindicatos y Trabajadores sostienen que sí había dinero en la cuenta especial destinada al pago de salarios al momento de la entrada del Banco Central al control del Banco Orinoco. Por tal razón el Grupo Financiero BOD, el lunes 7 de octubre, presentó una solicitud de Arbitraje Internacional argumentando que el Banco Central de Curazao está “apoderándose de manera fraudulenta e ilegal de los activos que pertenecen al Grupo Financiero BOD, sus accionistas y sus clientes, basado en el tratado de protección de inversiones entre Venezuela y el Reino de Holanda que prevé el arbitraje como un mecanismo para solución de este tipo de conflictos”. Así mismo, el equipo legal del Grupo Financiero BOD además denunció que el Centrale Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS) declaró la bancarrota de Banco del Orinoco N.V en un juicio a puerta cerrada sin notificación formal de las partes y sin tomar en cuenta los informes de las firmas independientes que incluso a solicitud del mismo organismo informaron de la existencia y propiedad de inversiones por más de USD 1.160 millones en cuentas de custodios en Singapur, Suiza y Uruguay. En su informe, el grupo financiero BOD resume la situación como “una tormenta perfecta” que consta en “la controversia con el Centrale Bank of Curacao y Sint Maarten (CBCS); la imposibilidad que tenía el Banco del Orinoco NV de atender a los clientes por falta de corresponsalías; y las restricciones impuestas por el sistema financiero en la jurisdicción”. A este escenario, se le sumaba la muy dañada reputación del Grupo Financiero BOD debido a muchos años de señalamientos por supuesta cercanía a grupos de poder ligados al chavismo en Venezuela. A juicio de los accionistas estos acontecimientos: “construyen el clima perfecto para tambalear profundamente la estabilidad del grupo más allá de su salud financiera”. De manera que los fondos por más de mil millones de dólares en activos, que registran las auditorías sobre el banco, se encuentran ahora bajo el control del Banco Central de Curazao y Sint Maarten, a partir del 5 de septiembre, fecha en que el Tribunal de Primera Instancia de esa jurisdicción lo declaró en bancarrota, alegando que “se vio obligado” a solicitar la adopción de una medida de emergencia “en vista de ciertas deficiencias existentes en el Banco del Orinoco NV” y “en interés de los depositantes y demás acreedores” de la entidad financiera.
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