Por el contrario, Maduro apostó, en buena medida, por lo conocido. Ratificó la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre, una formalidad que no hacía falta por cuanto ya existe una disposición de este tipo vigente. Lo que sugiere esta ratificación es que, por este tiempo, se vigilará su cumplimiento y se suprimirán los procedimientos de reestructuración de nóminas acordados con la mediación del Ministerio del Trabajo.
– Decisiones clave –
Sin embargo, del paquete destacan dos decisiones que pueden tener severas consecuencias. En primer lugar, una moratoria de seis meses para la cartera de créditos comerciales, que, según la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), representó 50,44% de los préstamos totales al cierre de 2019.
Esta porción de la cartera ha perdido peso dentro del total en los últimos meses por decisiones como su indexación a la variación del tipo de cambio oficial en octubre y por la agresiva estrategia de encaje legal, que supone que la banca inmovilice alrededor de 80% de las captaciones del público en el Banco Central de Venezuela.
El economista César Aristimuño, director general de Aristimuño Herrera & Asociados (AH&A), sostiene que sin liberación de encaje legal bancario y/o la contabilizacion de los principales gastos, por ese lapso, de una manera diferente; esta decisión de suspender los pagos de capital e intereses por los créditos comerciales dejará al sistema financiero sin capacidad de obtener suficiente caja para sostener saludablemente sus operaciones e impactará de manera muy negativa la rentabilidad del sistema.
Hay que recordar que la banca intermedia en más de 90% dinero de terceros, de los depositantes, por lo que su salud no es un problema que atañe solo a los accionistas, sino a las millones de personas, naturales y jurídicas, que tienen recursos en las instituciones financieras, tanto públicas como privadas.
Al corte del 13 de marzo pasado, la banca tenía congelados en el BCV 57,98 billones de bolívares en encaje legal, una cifra equivalente a US$820 millones al tipo de cambio oficial vigente, mientras que la cartera de crédito al cierre de febrero ascendió a 13,34 billones, aproximadamente US$190 millones, lo que significa que los fondos inmovilizados superan 3,35 veces al tamaño de la cartera de crédito.
Con tal nivel de liquidez represada, que además representa un costo elevado por penalización de incumplimiento, el efecto de una moratoria de seis meses sobre la mitad de la cartera y que, además, es la parte más rentable del negocio de intermediación, puede ser alarmante para una banca severamente golpeada por la crisis.
De paso, la indexación de la cartera comercial ya provocaba un problema serio para la banca, porque al contenerse la devaluación de los créditos, el valor de los créditos medidos en UVCC disminuye y la rentabilidad de la banca por intermediación cae, como consecuencia.
En cifras, la banca se ha reducido 95% en seis años y sus ganancias han venido desacelerándose que marca una tendencia imparable de deterioro de la calidad del negocio. Los niveles de intermediación crediticia se han colocado sostenidamente por debajo de 15%, lo que ha obligado a la banca a vivir de los servicios y las comisiones más que de su actividad medular, que es financiar al resto de la economía y al consumo.
– ¿Beneficia realmente una moratoria de alquileres?
La moratoria de los alquileres es otro tema fundamental, porque lo cierto es que, por el riesgo que implica arrendar, debido a regulaciones que desconocen los derechos de los propietarios o que los enajenan de manera severa, ese mercado es prácticamente inexistente en el país, por lo que la moratoria puede tener un efecto claramente contraproducente.
Datos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela señalan que había una pequeña recuperación del mercado de arrendamiento, sobre todo en Caracas, un fenómeno que se atribuye a la creciente migración interna resultado de la crisis aguda, sobre todo de servicios públicos, que se vive en la provincia.
En todo caso, expertos consultados señalan que en Venezuela la construcción está técnicamente paralizada en el segmento habitacional, mientras que en el segmento de locales comerciales más bien existe un inventario excedentario que supera los 170.000 metros cuadrados, que seguramente crecerá en los próximos meses, porque la moratoria de los alquileres no es suficiente para garantizar que un comercio se mantenga en pie.
Sobre el plan de financiamiento especial a las Pymes, a despecho de no conocer en detalle el cuerpo de la norma, hay que señalar que esta cartera representa 8% del total de préstamos. El problema es que ahora forma está indexada al tipo de cambio oficial y su riesgo es potencialmente mayor.
– Economía de subsistencia –
Evidentemente, en las condiciones financieras precarias en las que se encuentra el gobierno de Maduro, a tal punto que ha acudido al «odiado» Fondo Monetario Internacional en una ocasión -que aparentemente son dos- para obtener recursos de emergencia, no cabía esperar la constitución de un fondo de ayuda para las empresas, en el estilo de los que se están constituyendo en Estados Unidos, Francia, Alemania o España.
La apuesta parece ser que esta economía subsista, que las tensiones sociales se mantengan bajo control, y que la crisis pase a ver quiénes quedan en pie, a pesar del compromiso que Nicolás Maduro dijo tener con los trabajadores y las empresas.
El pago de nóminas a través de la Plataforma Patria, que se supone llegará a todas las empresas privadas pequeñas y medianas, requerirá, sin duda, expandir liquidez monetaria, ya que el gobierno tiene financiamiento privado y, en un contexto probable de mayor escasez de bienes, podría despertar otra vez al monstruo de la hiperinflación.
Igual presión sobre la liquidez ejercerá la masificación de los bonos «protectores», los cuales en dólares promedian menos de US5 por asignación.
El plan presentado por Fedecámaras parecía esperar otra cosa del gobierno de Nicolás Maduro; sin embargo, los anuncios insisten en la idea de que la economía se ajuste por su cuenta y deja de lado la responsabilidad directa del Estado como dinamizador, especialmente en momentos de crisis tan grave.
El coronavirus COVID-19 llega a Venezuela para encontrar una economía que puede contraerse entre 12% y 15% este año, y que ya acumula una caída de 65% desde 2014, sin contar los dos años largos de hiperinflación, por lo que la cuarentena radical puede tener un nivel de letalidad sobre la economía proporcionalmente muy superior al de la pandemia misma.
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